Formación y deontología periodística

Reconozco que puedo llegar a ser aburrido, reiterativo, pero diecisiete años de trabajo en el ámbito de la formación en el empleo pesan mucho. Pero más pesan aún los buenos profesionales despedidos y los recursos destruidos. Ya es bastante desgracia tanto desmán en nombre de la omnipresente crisis -una incoherencia siendo la formación una política activa de empleo y de mejora de la competitividad- como para seguir soportando la difamación indiscriminada.

Dice el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística en su artículo 30: “En el periodismo no se debe confundir lo conflictivo o espectacular con lo importante desde el punto de vista informativo.”

Y dice el diario El Mundo del día 31 de enero que “Los cursos de formación no sirven”. Y no es una parte del texto de una noticia: es el titular del artículo. Un artículo que se basa en un estudio cuyos “…demoledores resultados fueron en su momento puestos en conocimiento de sindicatos y patronal en el seno de la fundación…” y me permito añadir: y puestos en conocimiento de toda la ciudadanía, incluidos los periodistas, puesto que ese informe está publicado en la página web de la Fundación Tripartita desde hace mucho tiempo. ¿Podría deducirse que el concepto de actualidad es variable según qué intereses?

Basa El Mundo su titular y prácticamente todo el artículo en unos datos que indican que “…un 87,5% de los trabajadores que participaron en ella [la formación] concluyeron que no se había producido cambio alguno en relación con el trabajo que venían desempeñando. En el caso de la formación de la demanda, el poder de transformación resultaba aún más limitado: sólo un 9,5% de los trabajadores encuestados afirmaron que la formación había generado alguno de esos cambios.
La evaluación del impacto de formación también distingue entre el tipo de plan en que tomaron parte los encuestados. Y los resultados fueron igual de homogéneos y mediocres: Planes Sectoriales (12,75%), Planes Intersectoriales (10,47%), Planes de Economía Social (13%) y Planes para Trabajadores Autónomos (11%).” Esta serie de datos aparece de forma casi textual en las páginas 148 y 149 del informe citado..

El ya mencionado código deontológico expresa en su artículo 4 que: “La emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a través de las actividades verificadoras y comprobadoras oportunas y con imparcialidad en la exposición, descripción y narración de los mismos.”; y, en el 6 que “La opinión referente a comentarios sobre acontecimientos o acciones de personas o instituciones, no debe intentar negar u ocultar la realidad de los hechos o de los datos.”

Yo me pregunto si la omisión de información no será una forma de restar veracidad a la noticia o si no será una forma de añadir parcialidad e intencionalidad.

Y me lo pregunto porque en la misma página del informe en la que El Mundo encuentra los datos que sustentan su titular aparece, por ejemplo, que entre un 26,1 % y un 38,6 % de los trabajadores encuestados, dependiendo del tipo de planes de formación, han realizado después de haber recibido la formación más funciones o tareas (sin promocionar). Dato éste que debería inducir alguna reflexión.

El diario en cuestión no sólo omite información, sino que incurre en falsedad: “…Pero todos estos discretísimos porcentajes de aceptación están referidos a los resultados de las evaluaciones de 2011. En la correspondiente a 2010, la Fundación Tripartita extrajo incluso que las acciones impulsadas desde la propia empresa «no generan impacto»”. Los datos que cita El Mundo son de un estudio correspondiente a las convocatorias 2007-2008 y 2009 y la frase “no generan impacto” está descontextualizada.

Pero la omisión de información por parte del periódico va mucho más allá de los datos citados: el estudio, de 175 páginas, expone resultados de más cincuenta indicadores, entre los que se encuentran que algo más del 80 % de los encuestados afirman que “la acción formativa aportó a los participantes los contenidos que necesitaban”; que, también, más del 80 % califica “bueno” o “muy bueno” el grado de ajuste entre contenidos y necesidades o que similar porcentaje otorga la misma calificación al grado de aplicabilidad en el puesto de trabajo.

El estudio contiene otros muchos indicadores con resultados favorables al proceso formativo. Mas no se deben ocultar otros que no lo son tanto como el grado de influencia sobre la trayectoria empresarial que sólo obtiene en torno al 40 % de opiniones favorables. O los referentes a mantenimiento del empleo o encontrar un empleo nuevo, aunque en el análisis de estos datos conviene tener como referencia el periodo encuestado, en plena crisis económica.

No obstante, el estudio es notablemente autocrítico, como corresponde a toda investigación honesta. La honestidad que le falta a un artículo que cimenta un titular sobre un único dato de un estudio tan exhaustivo como el que nos ocupa.

Tampoco cita El Mundo una de las conclusiones del informe -realmente no cita ninguna- que expresa que "Hay formación especializada que, por cuestiones organizativas o técnicas, no puede ser cubierta con los módulos aplicables [según la normativa vigente]". A lo que algunas administraciones autonómicas como el Gobierno de Extremadura, en su ámbito de competencia, han respondido reduciendo aún más esos módulos (en cerca de un 40%) con el único objetivo de formar a más trabajadores, es decir, de inflar las estadísticas a costa de una formación de menor especialización y peor calidad.

Sigo citando el Código Deontológico, que en su artículo 8 expresa que: “…el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones sin injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores privados.”; y prosigue en el 29: “En las necesarias relaciones que en el ejercicio del periodismo se mantengan con los poderes públicos o con los sectores económicos, se evitará llegar a una connivencia tal que pueda repercutir en la independencia y la imparcialidad del periodismo.”

Hay intereses expresados con mucha claridad en contra de la Fundación Tripartita de los que ya nos hemos ocupado en este blog, eso suponiendo que no se trate de predisponer a la opinión pública para que una medida drástica sea recibida con agrado, pues ya añade el artículo que “el Gobierno está dispuesto a revisar el funcionamiento y la propia existencia de la Fundación Tripartita”.

Bienvenida sería la revisión del sistema: ya lo apunta el propio estudio en sus conclusiones; pero la desaparición de una estructura profesionalizada y construida con fondos públicos sería otro dispendio más de una lista que ya es demasiado larga.

Y una cita más del Código Deontológico: artículo 31, “Dada la complejidad del proceso informativo, basado cada vez más en la utilización de nuevas tecnologías, la rapidez y la síntesis, se debe exigir a los periodistas una formación profesional adecuada.” Formación, recuerden, formación, al menos en ética y en análisis de datos.

Formación, cotizaciones y ¿solidaridad?

Apenas ha cesado el eco de los peces que vuelven y vuelven a beber y de los pastorcillos que van a Belén y aún dura la resaca de buenos deseos consustancial a estas fechas cuando las declaraciones del presidente de CEOE le hacen despertar a uno de golpe.


Afirma Joan Rosell que la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo es un modelo agotado que debe desaparecer. Es claro que el modelo debe reajustarse pero de ahí a desmantelar un sistema va mucho. Es incomprensible el afán por destruir estructuras creadas con dinero público en lugar de realizar los cambios necesarios para que alcancen la eficiencia deseada. Optar por la destrucción en lugar de por el cambio de diseño es optar por el dispendio y eso, en un escenario de crisis económica, roza el absurdo si no la inmoralidad.

Pero no es esa propuesta de cierre de la Fundación Tripartita lo que me parece más grave de las declaraciones del presidente de CEOE. Ese hipotético cierre no deja de ser una propuesta operativa. Lo realmente preocupante es la propuesta ideológica porque o leo demasiado entre líneas o hay mucha ideología en esas declaraciones.

Rosell plantea que los fondos de formación provenientes de las cotizaciones para tal fin se destinen únicamente a trabajadores en activo y que, además, sean gestionados por las empresas puesto que "si el dinero es nuestro es lógico que nosotros lo controlemos".

Tanto impuestos como cotizaciones, con sus diferencias, son elementos de redistribución de la riqueza. El “Yo cotizo, yo me lo gestiono” es el inicio de la quiebra del estado del bienestar. Pero la insolidaridad que esconde la propuesta no acaba ahí: la CEOE exige que todos los fondos de las cotizaciones por formación se destinen a trabajadores en activo y que la formación de desempleados se financie con otros fondos. Y la exigencia tiene lugar en un momento en el que más del veinticinco por ciento de la población está en desempleo.

Resumiendo: lo que las empresas coticen que lo gestionen las empresas y a los trabajadores en desempleo que los formen con fondos de todos… ¿Cuál será el siguiente paso?

Y lo malo es que la respuesta del Gobierno es más bien tibia y, en todo caso, parecen preocuparle más los escándalos destapados en la gestión de los fondos de formación que la esencia del modelo propuesto por la organización patronal. Y, mientras, otros que tienen mucho que decir sobre estos temas callan o no se les oye…

Presupuestos, enmiendas y bobadas

Ayer mismo hablaba en este blog de populismo periodístico, si es que existe el término, pero no hay nada peor que el populismo político y mucho más cuando va acompañado de irresponsabilidad o ignorancia, nunca sabemos qué es peor.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado es bastante tedioso, más aún lo son las enmiendas, sin embargo no deja de ser un ejercicio curioso leer algunas partes sobre las que se tiene algún conocimiento. Y en esa tarea me encuentro al llegar a mis manos una enmienda de Unión Progreso y Democracia.

El partido liderado por Rosa Díez y amenizado por Toni Cantó propone en tres enmiendas sucesivas (páginas 175 y 176 del Boletín de las Cortes Generales número 63-7 de 29 de octubre) disminuir los gastos corrientes de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en unos treinta millones de euros: 11.370.000 € que propone destinar a programas de fomento del empleo agrario; 11.000.000 € que destinaría a acciones del subsistema de formación profesional de desempleados que serían gestionadas por instituciones sin ánimo de lucro y 8.500.000 € para planes de reinserción y de mejora de la capacidad de ocupación de los demandantes de empleo.

No suena mal. Si además significa quitarle pelas al FORCEM -que así se llamaba antes la Fundación- mejor, porque eso son pelas para que se las repartan los sindicatos y la patronal.

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Dos ejemplos de la lluvia de noticias al respecto:

http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/doc/Noticias/31232_35352013143154.pdf
http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/doc/Noticias/24317_161116112012131428.pdf
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Prefiero suponer que UPD con la referida enmienda es consciente de sus consecuencias y conoce los presupuestos de la Fundación Tripartita porque:

•  La reducción de treinta millones de euros en gastos corrientes supone el práctico desmantelamiento de la Fundación.
• Si la Fundación queda reducida a la mínima expresión, si no desaparecida, “alguien” tendrá que gestionar los alrededor de ochocientos millones de euros en iniciativas de formación que actualmente controla la FTFE. Y ese “alguien”, supongamos que sea el Servicio Público de Empleo, tendrá irremediablemente que dotarse de recursos técnicos y humanos para absorber ese volumen de trabajo.
• ¿Sabe UPD lo que cuesta en tiempo y dinero organizar un sistema de gestión similar a la FTFE?
• Si se resta esa cantidad del presupuesto de funcionamiento de la Fundación, bastante más de cien trabajadores con una antigüedad superior (de media) a los diez años tendrán que ser despedidos e indemnizados (¿lo han cuantificado?) y pasarán a cobrar la prestación por desempleo.
• La Fundación, sus sistemas informáticos y su estructura de conocimiento han sido financiados con fondos públicos: su destrucción es una pérdida en el activo del Estado y, por lo tanto, de los ciudadanos (aunque de ejemplos como ese vamos sobrados en los últimos tiempos).

Teniendo en cuenta que el presupuesto para políticas activas de empleo es de 4.079 millones de euros, los 30 millones que UPD pretende agregar al capítulo son una cantidad insignificante comparándola con el perjuicio que causaría.

En definitiva, una enmienda que solo puede ser fruto de la irresponsabilidad o de la ignorancia porque si en el programa de gobierno de UPD se incluye la desaparición de la Fundación y otro modelo de gestión de la formación, lo que sería una opción política tan válida y respetable como cualquier otra, los cauces para lograrlo son otros. Eso sí, es una enmienda probablemente popular y molona.

Leyendo esta enmienda -y teniendo la suerte de tener datos para analizarla- me entran sudores fríos al pensar en la ligereza con la que puede llegar a actuar un partido que aspira a convertirse en alternativa.