Ayer mismo hablaba en este blog de populismo periodístico, si es que existe el término, pero no hay nada peor que el populismo político y mucho más cuando va acompañado de irresponsabilidad o ignorancia, nunca sabemos qué es peor.
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado es bastante tedioso, más aún lo son las enmiendas, sin embargo no deja de ser un ejercicio curioso leer algunas partes sobre las que se tiene algún conocimiento. Y en esa tarea me encuentro al llegar a mis manos una enmienda de Unión Progreso y Democracia.
El partido liderado por Rosa Díez y amenizado por Toni Cantó propone en tres enmiendas sucesivas (páginas 175 y 176 del Boletín de las Cortes Generales número 63-7 de 29 de octubre) disminuir los gastos corrientes de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en unos treinta millones de euros: 11.370.000 € que propone destinar a programas de fomento del empleo agrario; 11.000.000 € que destinaría a acciones del subsistema de formación profesional de desempleados que serían gestionadas por instituciones sin ánimo de lucro y 8.500.000 € para planes de reinserción y de mejora de la capacidad de ocupación de los demandantes de empleo.
No suena mal. Si además significa quitarle pelas al FORCEM -que así se llamaba antes la Fundación- mejor, porque eso son pelas para que se las repartan los sindicatos y la patronal.
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Dos ejemplos de la lluvia de noticias al respecto:
http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/doc/Noticias/31232_35352013143154.pdf
http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/doc/Noticias/24317_161116112012131428.pdf
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El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado es bastante tedioso, más aún lo son las enmiendas, sin embargo no deja de ser un ejercicio curioso leer algunas partes sobre las que se tiene algún conocimiento. Y en esa tarea me encuentro al llegar a mis manos una enmienda de Unión Progreso y Democracia.
El partido liderado por Rosa Díez y amenizado por Toni Cantó propone en tres enmiendas sucesivas (páginas 175 y 176 del Boletín de las Cortes Generales número 63-7 de 29 de octubre) disminuir los gastos corrientes de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en unos treinta millones de euros: 11.370.000 € que propone destinar a programas de fomento del empleo agrario; 11.000.000 € que destinaría a acciones del subsistema de formación profesional de desempleados que serían gestionadas por instituciones sin ánimo de lucro y 8.500.000 € para planes de reinserción y de mejora de la capacidad de ocupación de los demandantes de empleo.
No suena mal. Si además significa quitarle pelas al FORCEM -que así se llamaba antes la Fundación- mejor, porque eso son pelas para que se las repartan los sindicatos y la patronal.
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Dos ejemplos de la lluvia de noticias al respecto:
http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/doc/Noticias/31232_35352013143154.pdf
http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/doc/Noticias/24317_161116112012131428.pdf
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Prefiero suponer que UPD con la referida enmienda es consciente de sus consecuencias y conoce los presupuestos de la Fundación Tripartita porque:
- La reducción de treinta millones de euros en gastos corrientes supone el práctico desmantelamiento de la Fundación.
- Si la Fundación queda reducida a la mínima expresión, si no desaparecida, “alguien” tendrá que gestionar los alrededor de ochocientos millones de euros en iniciativas de formación que actualmente controla la FTFE. Y ese “alguien”, supongamos que sea el Servicio Público de Empleo, tendrá irremediablemente que dotarse de recursos técnicos y humanos para absorber ese volumen de trabajo.
- ¿Sabe UPD lo que cuesta en tiempo y dinero organizar un sistema de gestión similar a la FTFE?
- Si se resta esa cantidad del presupuesto de funcionamiento de la Fundación, bastante más de cien trabajadores con una antigüedad superior (de media) a los diez años tendrán que ser despedidos e indemnizados (¿lo han cuantificado?) y pasarán a cobrar la prestación por desempleo.
- La Fundación, sus sistemas informáticos y su estructura de conocimiento han sido financiados con fondos públicos: su destrucción es una pérdida en el activo del Estado y, por lo tanto, de los ciudadanos (aunque de ejemplos como ese vamos sobrados en los últimos tiempos).
Teniendo en cuenta que el presupuesto para políticas activas de empleo es de 4.079 millones de euros, los 30 millones que UPD pretende agregar al capítulo son una cantidad insignificante comparándola con el perjuicio que causaría.
En definitiva, una enmienda que solo puede ser fruto de la irresponsabilidad o de la ignorancia porque si en el programa de gobierno de UPD se incluye la desaparición de la Fundación y otro modelo de gestión de la formación, lo que sería una opción política tan válida y respetable como cualquier otra, los cauces para lograrlo son otros. Eso sí, es una enmienda probablemente popular y molona.
Leyendo esta enmienda -y teniendo la suerte de tener datos para analizarla- me entran sudores fríos al pensar en la ligereza con la que puede llegar a actuar un partido que aspira a convertirse en alternativa.
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